El Gobierno de Ceuta, a través de su portavoz Alejandro Ramírez, ha salido al paso de las críticas vertidas por el secretario general del PSOE local, Miguel Ángel Triano, defendiendo la "lealtad institucional" del Ejecutivo ceutí con el Gobierno central y rebatiendo las acusaciones de pasividad y falta de acción en materia de vivienda.
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ha sacado adelante una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de España a que adopte, con carácter urgente, las medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial de la Nación y, en particular, de Ceuta y Melilla y del resto de plazas de soberanía española en el norte de África.
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) publicó la semana pasada el XV Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, un documento que revela que el 25,8% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un total de 12,5 millones de personas. Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) lamentan que Ceuta represente una de las tasas más altas de este informe con el 42’2% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social: “estamos hablando de cuatro de cada diez ceutíes”.
El secretario general del PSOE de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha arremetido este lunes contra la gestión del Gobierno local en materia de vivienda y contra lo que ha calificado como “ambigüedad” del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, durante su intervención en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes. En una rueda de prensa convocada para valorar el encuentro autonómico, el líder socialista ha cuestionado la falta de resultados concretos en políticas sociales clave y ha acusado al Ejecutivo local de mantener una actitud “pasiva” bajo el paraguas de la lealtad institucional.
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha presidido hoy en la sala Isidro Jarque del Palacio de la Asamblea (sala de la Rotonda), la reunión de la Comisión de Valoración designada para valorar los méritos de los candidatos propuestos por los grupos políticos de la Asamblea para recibir la Medalla de la Autonomía el próximo 2 de septiembre, de acuerdo con lo que establece el Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas.
