La Proposición de Ley pretende modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de eliminar la posibilidad de que los jueces en los procedimientos de incapacitación legal puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, lo cual es una violación palmaria de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte.