La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y establezca sanciones ejemplares a los gestores que abusen de la temporalidad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno que elimine la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y establezca sanciones ejemplares a los gestores que abusen de la temporalidad.
CSIF ha emitido un comunicado para denunciar que echa en falta el compromiso adquirido por INGESA en relación con los concursos de traslados. La última vez que se realizó en INGESA fue tras la resolución del 12 de septiembre de 2022 y publicado en BOE el día 19 de septiembre.
La oferta asciende a 20.000 plazas, 4.500 de empleo neto, menos de la mitad que el año pasado y un 10 por ciento de las plazas perdidas en los últimos 20 años: harían falta 10 ofertas de empleo público similares para recuperar el empleo perdido
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) se hace eco de los datos recientemente publicados que revelan una situación tan insólita como inaceptable: los médicos del sistema sanitario español, en el conjunto del Estado, perciben en sus pagas extraordinarias una cuantía inferior a la de otros colectivos sanitarios, como enfermeros y técnicos. Esta circunstancia, lejos de ser puntual o nueva, se arrastra desde hace más de quince años y representa una doble anomalía retributiva que las distintas administraciones no han corregido: no solo se cobra menos que otras categorías, sino que además las pagas extraordinarias del colectivo médico están recortadas de forma estructural desde hace más de una década y media.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha presentado una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualmente Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) por el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).