La lucha contra el narcotráfico no se libra solo en tierra firme. También se combate, y con determinación, en alta mar. Así lo ha vuelto a demostrar la Armada Española, que ha concluido recientemente un ejercicio de acción marítima destinado a perfeccionar las operaciones contra el tráfico ilegal de drogas. Estos entrenamientos no son exhibiciones ni maniobras sin sentido: son una muestra clara del compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la seguridad de todos.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha dicho alto y claro lo que muchos piensan pero pocos se atreven a verbalizar: la Conferencia de Presidentes convocada para el 6 de junio en Barcelona “no vale para absolutamente nada”. Y no le falta razón. En un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue cediendo, una y otra vez, ante los caprichos de los separatistas catalanes, este tipo de encuentros se convierten en puros paripés sin contenido real ni voluntad de consenso.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a decir lo evidente: que el Estado cumpla la ley y que todas las comunidades autónomas aporten los datos sobre los menores extranjeros no acompañados (MENAS) para poder avanzar en un reparto justo. Es de sentido común. Y sin embargo, seguimos en las mismas. ¿Cómo puede ser que algo tan básico y legal no se esté cumpliendo? Es que cuesta creerlo.
En un mundo cada vez más complejo, donde las decisiones de compra ya no se toman solo frente a un escaparate, los consumidores reclaman algo más que ofertas y descuentos: piden educación. No hablamos de grandes tratados económicos, sino de herramientas básicas para saber qué se firma, qué derechos les amparan y cómo defenderse ante abusos. Porque en esta selva de contratos, cláusulas y letra pequeña, muchos ciudadanos se sienten solos y desarmados.
Los mensajes de WhatsApp atribuidos al presidente del Gobierno, en los que tilda de hipócritas a sus propios barones y afirma que “hay que marcarles”, no solo revelan un estilo de liderazgo autoritario, sino que suponen una degradación del debate político y del respeto institucional. En un país como España, donde la democracia ha costado décadas consolidarla, resulta bochornoso que el jefe del Ejecutivo caiga en descalificaciones propias de una conversación de barra de bar, más que de un Consejo de Ministros.
