Hay momentos en los que las cifras dejan de ser simples estadísticas y se convierten en una llamada de auxilio. Lo ocurrido en Ceuta durante las últimas semanas es uno de ellos. Los 33 millones de euros de pérdidas calculados por la Cámara de Comercio dibujan una realidad que debería sacudir a todas las administraciones: el tejido productivo de la ciudad está sufriendo un golpe de una magnitud extraordinaria y todavía no se vislumbra con claridad dónde estará el límite.
Este domingo se cumple un mes. Treinta días desde que Ceuta quedó desbordada por una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos y treinta días en los que los ceutíes han tenido que soportar una situación extraordinaria que ha alterado la convivencia, tensionado los servicios públicos, golpeado a la economía y provocado una sensación de abandono que resulta difícil de explicar en un Estado que se supone presente en todo su territorio. Un mes después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde ha estado el Gobierno de España?
Lo ocurrido este jueves en las playas de Ceuta es la consecuencia de una indignación que lleva demasiado tiempo acumulándose. Casi un mes después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, la ciudadanía continúa esperando respuestas mientras contempla cómo parte de quienes llegaron siguen en las calles, en asentamientos improvisados y en distintos puntos de la ciudad. El hartazgo es comprensible. La violencia, sin embargo, no lo es.
Mañana se cumplen treinta días desde que Ceuta sufrió una crisis migratoria sin precedentes y, un mes después, la sensación que queda en la ciudad es demoledora: el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado tarde, mal y a remolque de los acontecimientos. Treinta días después, miles de inmigrantes continúan en Ceuta, condicionando la vida de los ceutíes, mientras el Ejecutivo sigue dando la impresión de no haber entendido todavía la verdadera dimensión de lo ocurrido. Un mes entero para reaccionar. Un mes entero para improvisar. Un mes entero para mirar hacia otro lado.
Veintiocho días después de la entrada masiva de personas en Ceuta, el Gobierno sigue sin ofrecer lo que la ciudad reclama con mayor insistencia: certezas, planificación y plazos. A estas alturas, nadie discute que cualquier actuación debe hacerse conforme a la ley ni que es necesario identificar, filiar y tramitar individualmente cada caso. Eso es evidente. Lo que resulta inaceptable es que, después de casi un mes, el Ejecutivo siga limitándose a anunciar reuniones, mecanismos de coordinación y buenas intenciones sin explicar cuándo comenzará el retorno, con qué procedimiento se hará y cuánto tiempo piensa mantener a miles de personas en una ciudad que no tiene capacidad para soportar una situación de esta magnitud.
