Hay momentos en los que las palabras sobran y los hechos hablan por sí solos. Que un guardia civil desplegado en Ceuta haya contraído sarna en el marco del dispositivo activado para hacer frente a la crisis migratoria no puede despacharse como un simple incidente sanitario. Es la consecuencia de unas condiciones de trabajo que llevan demasiado tiempo siendo denunciadas y ante las que el Gobierno parece haber elegido mirar hacia otro lado.
El desalojo de la playa del Trampolín era una medida necesaria. Después de 22 días soportando una situación excepcional, con miles de personas viviendo en asentamientos improvisados y utilizando espacios públicos como lugar de residencia, recuperar la playa para los ceutíes era una obligación. También lo es garantizar unas condiciones dignas de acogida mientras se busca una solución al problema. En ese sentido, el traslado ordenado a los nuevos espacios habilitados supone un paso adelante.
Hay una pregunta que Ceuta debería hacerse estos días: ¿quién protege a quienes tienen la responsabilidad de protegernos? Porque mientras las instituciones hablan de normalidad, los policías y guardias civiles que están sobre el terreno describen una realidad muy distinta: falta de efectivos, alojamientos deficientes, medios insuficientes y una presión creciente en las calles.
Ceuta no puede asumir como inevitable que una entrada irregular masiva termine convirtiéndose en un derecho automático a permanecer en España. Ese es el fondo del debate abierto por Juan Vivas y Alberto Núñez Feijóo: si el Estado quiere evitar que la frontera deje de ser una frontera y se transforme en una puerta permanentemente abierta, debe actuar con determinación. La respuesta no puede depender del número de personas que hayan conseguido cruzarla ni de la presión política, mediática o social que se genere después.
Diecisiete días. Ese es el tiempo que ha tenido que pasar para que, después de promesas, anuncios, visitas, fotografías, reuniones y mucha palabrería, un miembro del Gobierno de España llegue a Ceuta y anuncie algo concreto que, además, haya comenzado a ejecutarse prácticamente de inmediato. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto sobre la mesa 1.500 plazas temporales de acogida y cuatro emplazamientos donde se levantarán estos dispositivos. Y, esta vez, no estamos hablando solo de palabras: las primeras carpas ya han comenzado a instalarse.
