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Lo de Tragsa empieza a ser de escándalo. La empresa pública que nació con el supuesto objetivo de agilizar obras y servicios en el ámbito rural se ha convertido, con el paso del tiempo, en una herramienta al servicio de los gobiernos de turno para colocar a dedo a quienes les interesa. El último episodio destapado, ese contrato de 2,4 millones de euros para enchufados procedentes de Adif, es solo la punta del iceberg de una práctica demasiado común: usar el dinero público como cortijo privado.

Ione Belarra ha sido reelegida al frente de Podemos con el 90 % de los votos. En cualquier otra circunstancia, este resultado sería motivo de celebración, pero en este caso suena más a autoafirmación de una estructura encerrada en sí misma que a un verdadero respaldo popular. La frase con la que coronó su reelección —eso de que “el sueño húmedo del PSOE era suplirnos por una izquierda dócil”— es un ejemplo perfecto del victimismo que tan bien explotan algunos dirigentes morados cuando se quedan sin discurso.

El ‘caso Ábalos’ ha cobrado una nueva dimensión con la aparición de revelaciones que amenazan la estabilidad del Gobierno. La implicación de figuras cercanas a la política, como Scalper, sobrino de Carolina Pérez, en la trama Koldo y Ábalos, ha llevado la controversia a Ceuta, generando inquietud y desconfianza entre los ciudadanos. Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad de los involucrados, sino que también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.

España y China han firmado acuerdos comerciales para fomentar las exportaciones de productos como medicamentos, cosméticos y porcino. A simple vista, todo parece positivo. Estos acuerdos son presentados como una victoria para la economía española, pero, detrás de la palabrería optimista, hay algo que no podemos pasar por alto: es Pedro Sánchez quien ha cerrado estas negociaciones.