El caso de Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, que se aferra al cargo a pesar de su imputación, es un reflejo más de la profunda crisis ética en la que parece estar sumida la política española. Lamentablemente, esto no es nada nuevo, y supone casi una resignación que muchos ciudadanos compartimos, pero no debería ser así. Que una figura de esta relevancia dentro del sistema judicial se vea envuelta en investigaciones debería ser motivo suficiente para dar un paso al lado, pero en lugar de eso, parece que seguimos normalizando lo anormal.
