La asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la crisis registrada en la ciudad a finales de julio y solicita personarse en la causa abierta para investigar estos hechos.
La asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la crisis registrada en la ciudad a finales de julio y solicita personarse en la causa abierta para investigar estos hechos.
Según informa la propia asociación, la querella pide que se investigue a Pérez Triano por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave. La acción también se dirige, según Hazte Oír, contra las autoridades y funcionarios que pudieran resultar responsables de los hechos.
La asociación solicita además la adopción de medidas para evitar la desaparición o alteración de pruebas que considera relevantes para la investigación. En concreto, reclama la conservación de los correos electrónicos de la Delegación del Gobierno, las grabaciones de la frontera y las comunicaciones mantenidas durante los días considerados críticos con el Ministerio del Interior y los mandos policiales.
«Quienes conocían la amenaza y abandonaron Ceuta tendrán que responder ante la Justicia», sostiene Hazte Oír en un comunicado, en el que reclama que se preserven las órdenes, comunicaciones e imágenes que, a su juicio, puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido y determinar quién adoptó las decisiones durante la crisis.
Esta querella se suma a otra presentada por la asociación este martes por el empleo de artefactos y los ataques perpetrados contra militares y población civil durante los acontecimientos registrados en Ceuta.
Hazte Oír señala asimismo que ha iniciado actuaciones ante la Audiencia Nacional para tratar de esclarecer la posible responsabilidad de Marruecos y de la cadena de mando del Gobierno, además de otras actuaciones ante instituciones europeas.
La asociación asegura que continuará recurriendo a las vías legales para reclamar responsabilidades por las actuaciones que, a su juicio, pudieran haber supuesto un incumplimiento de las obligaciones de las autoridades durante la crisis.