La reciente llegada de Edmundo González a España como asilado político plantea una serie de reflexiones importantes sobre la posición del gobierno español respecto a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro.
Es indignante, frustrante y, sobre todo, una muestra clara del fracaso de los Estados implicados. La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate a manos de un narco marroquí no es solo un trágico accidente, es el símbolo de una guerra perdida por la dejadez de dos gobiernos: el de España y el de Marruecos. Han pasado meses desde el suceso y, a pesar de que la Guardia Civil ha localizado a Karim Gabarde, el conductor de la lancha que acabó con la vida de nuestros agentes, Rabat sigue jugando al despiste, alegando "desconocimiento" del paradero de este criminal. ¿De verdad esperan que creamos tal desfachatez?
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado recientemente que "no podemos dejar solas a Canarias, Ceuta y Melilla". Esta declaración, a simple vista, parece bien intencionada y muestra una preocupación del gobierno central por territorios que, efectivamente, viven situaciones complejas debido a su ubicación geográfica y a los flujos migratorios. Sin embargo, al analizar estas palabras con detenimiento, surge una pregunta inevitable: ¿solas? ¿Cómo puede el gobierno decir que no puede "dejarlas solas" si, precisamente, es el gobierno el principal responsable de su gestión y protección?
Durante la cumbre del Partido Popular celebrada este viernes, Alberto Núñez Feijóo ha levantado una bandera que muchos consideran más que necesaria: la reforma del modelo de financiación autonómica. Lo ha hecho apelando a un concepto clave, la "multilateralidad", es decir, la idea de que las decisiones que afectan a las comunidades autónomas deben tomarse con la participación de todas, sin favoritismos ni acuerdos bilaterales. Y la verdad, suena razonable. Feijóo insiste en que todos deben remar en la misma dirección, con un claro "todos a una", un lema que tiene eco en las demandas de muchas regiones que sienten que llevan años soportando un sistema que ya no es justo ni equitativo.
En una sociedad democrática, la transparencia y la responsabilidad son pilares fundamentales que sostienen la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Es por ello que el reciente caso que involucra a la Agencia Tributaria y un informe no firmado sobre los últimos cinco años fiscales de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, despierta preocupaciones legítimas.
