La Asamblea de Ceuta ha condenado de forma unánime los ataques sufridos por distintas sedes políticas en la ciudad. Y no es para menos. Las discrepancias ideológicas forman parte del juego democrático, pero cuando alguien decide convertir esas diferencias en actos de violencia, lo que realmente está atacando es la convivencia de todos.
Lo de las transferencias a Euskadi empieza a sonar a chiste de mal gusto. En lo que va de año ya van siete, y si echamos cuentas, la mitad de los traspasos hechos desde que Sánchez llegó a Moncloa han acabado en el mismo sitio. El País Vasco, como si fuera el alumno consentido de la clase, recibe y recibe mientras el resto de comunidades siguen reclamando sin demasiado éxito lo que también les corresponde.
Lo de Jordi Turull es para nota. Ahora resulta que, según él, los andaluces se desgravan el gimnasio y el veterinario de sus mascotas “con el dinero de los catalanes”. Una afirmación que no solo es torpe, sino que además demuestra la obsesión enfermiza de cierto independentismo con ese supuesto expolio que nunca logran demostrar con seriedad.
La ausencia de Begoña Gómez en la cita con el juez Peinado vuelve a levantar sospechas más que razonables. No se trata de un trámite cualquiera, sino de una comunicación esencial: que, en caso de juicio por malversación, será un jurado popular quien decida. Negarse a acudir, o simplemente dar largas, no transmite precisamente tranquilidad ni transparencia.
En un asunto tan delicado como la violencia de género, no caben las medias tintas ni los comunicados tibios. El Ministerio de Igualdad ha pedido “disculpas” a las víctimas por los fallos en las pulseras antimaltrato, un gesto que, lejos de reparar nada, suena a burla dolorosa. Porque aquí no hablamos de un trámite administrativo ni de una incidencia técnica: hablamos de mujeres que se juegan la vida cada día.
