El paso dado por el juez Juan Carlos Peinado no es menor. Informar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que el caso por un presunto delito de malversación pasará a jurado popular, marca un antes y un después en esta historia. Ya no hablamos de simples diligencias, sino de la posibilidad real de que sean juzgados como cualquier ciudadano corriente.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha hablado claro: no hay escapatoria y habrá juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura. Acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, sus recursos han sido desestimados. La justicia avanza mientras el sanchismo se tambalea en su propio lodazal de favores, enchufes y silencios incómodos.
UNA VERGÜENZA.
El relato es claro: el Consejo General del Poder Judicial avisó en enero y febrero de problemas en las pulseras antimaltrato, y aun así el Ministerio de Igualdad no movió ficha hasta que la polémica estalló en los medios. Las cartas, los informes y las reuniones están documentados. No hablamos de rumores, hablamos de advertencias oficiales que fueron aparcadas en un cajón.
España ha vuelto a ser humillada en Bélgica. Junts mantiene su ‘no’ a los Presupuestos y el mandato de Sánchez sigue agonizando, mientras José Luís Rodríguez Zapatero regresa con las manos vacías tras reunirse con Puigdemont, un prófugo que nunca debería haber sido recibido por nadie en nombre de España. Esto no es política: es un espectáculo indignante que avergüenza a cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común.
