Hoy Castilla y León vuelve a situarse en el centro del tablero político. Sus ciudadanos acuden a las urnas para elegir gobierno autonómico, pero lo que está en juego va mucho más allá de una comunidad concreta. Estas elecciones se observan desde Madrid con lupa, porque los resultados pueden convertirse en un anticipo de lo que podría ocurrir en las próximas elecciones generales de España.
Las guerras modernas ya no solo se libran en la superficie. Bajo tierra también se construyen estrategias para resistir, esconder armas y prolongar los conflictos. Lo vimos durante años en la red de túneles de Gaza y las informaciones sobre infraestructuras militares subterráneas alrededor de Tehran apuntan a que ese modelo forma parte de una lógica de confrontación permanente. Cuando los dirigentes convierten sus países en fortalezas de guerra, quienes terminan atrapados son siempre los mismos: los civiles.
Cuando uno escucha que una obra pública se ha inflado en más de cinco millones de euros por “calcular mal” el precio del acero, cuesta no arquear la ceja. La reciente advertencia de la Intervención General de la Administración del Estado sobre la remodelación del Puente del Centenario en Sevilla suena menos a error técnico y más a ese viejo problema de siempre: el dinero público que parece no tener dueño cuando alguien decide estirar demasiado las cuentas.
A buenas horas llega alguien que levanta la voz para decir algo que, aunque parezca obvio, llevaba demasiado tiempo sin decirse con claridad: apoyar a las víctimas sin convertir a toda la Policía en sospechosa. El nuevo DAO ha puesto sobre la mesa una idea sencilla pero necesaria: cuando ocurre un abuso, se investiga, se depuran responsabilidades y se protege a quien lo ha sufrido. Pero eso no significa señalar a todo un cuerpo por los errores —o delitos— de unos pocos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó entrever estos días algo que en Bruselas muchos comentan en voz baja: en el Consejo Europeo hay dos líderes que complican los consensos. Uno es el húngaro Viktor Orbán, conocido desde hace años por bloquear acuerdos comunitarios. El otro, según esa percepción creciente en algunos círculos europeos, sería el presidente español, Pedro Sánchez.
