La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este lunes de que la obligatoriedad de la cita previa para ser atendido presencialmente en la administración pública sigue generando importantes barreras para miles de ciudadanos, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y quienes no cuentan con destrezas digitales suficientes, principalmente en Ceuta, donde estamos a la cola.

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Lo verdaderamente escandaloso no es que un concesionario pueda ceder el uso de un local del Puerto de Ceuta a un tercero. La ley lo permite, sí, pero bajo condiciones muy claras, muy concretas y nada interpretables: que el pliego no lo prohíba, que exista autorización previa y por escrito de la Autoridad Portuaria, que el contrato pase antes por su revisión y que se asuman las cargas tributarias correspondientes. Lo grave empieza cuando uno se pregunta si todo eso se está cumpliendo con el rigor debido o si, por el contrario, se ha instalado la costumbre de mirar hacia otro lado.

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Ceuta, Miercoles 16 de Septiembre del 2026

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