No hace falta consultar encuestas para darse cuenta de que la vivienda se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para los ciudadanos. El último barómetro del CIS lo confirma: en apenas un mes, la preocupación por este problema ha subido seis puntos y se acerca peligrosamente a los niveles de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria estalló con consecuencias devastadoras.
Por una vez y sin que sirva de precedente, hay que darle la razón a Junts: el Gobierno de Sánchez es un caos. El rifirrafe entre los ministerios de Yolanda Díaz y María Jesús Montero dejó en evidencia lo que muchos ya sabían: un Ejecutivo incapaz de coordinarse y con más disputas internas que capacidad de gestión. Pero si hablamos de desconfianza, también habría que mirar a quienes la denuncian mientras se benefician de ella.
Que los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado se borraran el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió abrirle una causa es, cuanto menos, sospechoso. No es la primera vez que en España asistimos a este tipo de “casualidades informáticas” cuando la justicia pone el foco en alguien con poder. El guion ya nos lo conocemos: fallos técnicos, reseteos inesperados y desapariciones milagrosas de datos clave.
Que un miembro del Gobierno admita que se ha enterado por la prensa de una medida tomada por su propio Ejecutivo es, como mínimo, preocupante. Eso es justo lo que ha sucedido con Yolanda Díaz y la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La vicepresidenta segunda ha lamentado que no ha habido un debate con Hacienda sobre el tema y que ni siquiera le han informado. ¿Cómo es posible que un Gobierno no se coordine en cuestiones tan sensibles?
Pedro Sánchez tendrá que acudir el miércoles a un juzgado de Madrid para una conciliación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El motivo: las acusaciones vertidas desde el Gobierno sobre un presunto fraude fiscal, que González Amador niega y por las que ha llevado el asunto a los tribunales.
