Ceuta atraviesa un momento demasiado delicado como para convertirse ahora en el escenario elegido por colectivos llegados desde la Península para representar su particular batalla ideológica. Si un grupo anuncia que viene a nuestra ciudad para ponerse como “escudo humano” y parte de un discurso que acusa de racistas y fascistas a policías y militares, lo mínimo exigible al Ministerio del Interior es valorar seriamente los riesgos y adoptar todas las medidas legales necesarias para evitar nuevos episodios de tensión. No estamos para experimentos ni para provocaciones.
Ceuta atraviesa un momento demasiado delicado como para convertirse ahora en el escenario elegido por colectivos llegados desde la Península para representar su particular batalla ideológica. Si un grupo anuncia que viene a nuestra ciudad para ponerse como “escudo humano” y parte de un discurso que acusa de racistas y fascistas a policías y militares, lo mínimo exigible al Ministerio del Interior es valorar seriamente los riesgos y adoptar todas las medidas legales necesarias para evitar nuevos episodios de tensión. No estamos para experimentos ni para provocaciones.
Resulta especialmente llamativo que quienes pretenden venir a defender derechos parezcan haber dictado sentencia antes siquiera de pisar Ceuta. La solidaridad es bienvenida siempre que respete la ley y contribuya a rebajar la tensión. Otra cosa muy diferente es desembarcar con un relato preconcebido y convertir a quienes llevan semanas trabajando sobre el terreno en los villanos de la película. La publicación que informa de esta iniciativa recuerda precisamente las agresiones sufridas por miembros de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército durante esta crisis.
Y aquí aparece inevitablemente Fernando Grande-Marlaska. Interior tiene la responsabilidad de garantizar tanto el derecho a manifestarse como la seguridad y el orden público. Por eso, cualquier actuación debe ajustarse a la ley y basarse en riesgos concretos, no en la ideología de quienes viajen. Pero si existen indicios objetivos de que una iniciativa puede interferir en dispositivos policiales o provocar enfrentamientos, corresponde actuar preventivamente dentro de la legalidad. Lo incomprensible sería mirar hacia otro lado hasta que aparezca el problema.
Ceuta tampoco tiene por qué aceptar lecciones colectivas sobre racismo o fascismo de quienes llegan con esas etiquetas preparadas de antemano. Esta ciudad lleva décadas conviviendo con una frontera extraordinariamente compleja y sabe perfectamente lo que significa la solidaridad, pero también conoce el precio de la tensión fronteriza. Defender los derechos de los migrantes es perfectamente compatible con respetar a policías, guardias civiles y militares y con reconocer el derecho de los ceutíes a vivir con tranquilidad.
Ayudar, sí. Manifestarse pacíficamente, también. Pero utilizar Ceuta como decorado de una confrontación política, interferir en la actuación de las Fuerzas de Seguridad o venir a señalar indiscriminadamente a toda una ciudad sería irresponsable. El Gobierno debe garantizar que nadie convierta una situación ya suficientemente complicada en algo todavía más difícil. Ceuta necesita soluciones y serenidad, no más gasolina sobre el fuego.