Hay cosas que deberían marcar un antes y un después, y una de ellas es que unas menores puedan ser víctimas de un intento de secuestro o retención. Hay que pararles los pies de una vez a los delincuentes que se encuentran entre quienes entraron irregularmente en Ceuta. Esta vez se llegó a tiempo y hubo detenciones. ¿Pero qué ocurrirá el día que la Policía llegue cinco minutos tarde?
Hay cosas que deberían marcar un antes y un después, y una de ellas es que unas menores puedan ser víctimas de un intento de secuestro o retención. Hay que pararles los pies de una vez a los delincuentes que se encuentran entre quienes entraron irregularmente en Ceuta. Esta vez se llegó a tiempo y hubo detenciones. ¿Pero qué ocurrirá el día que la Policía llegue cinco minutos tarde?
Desde la entrada masiva del 30 de julio, Ceuta soporta una situación excepcional que no puede eternizarse. Robos, agresiones y otros sucesos investigados durante estos meses obligan a tomar decisiones. No todos los que entraron son delincuentes, evidentemente, y las propias menores de este caso son el mejor ejemplo. Pero tampoco podemos utilizar esa evidencia para evitar hablar de aquellos que sí delinquen. A esos hay que identificarlos, detenerlos, ponerlos ante un juez y, cuando la legislación lo permita, expulsarlos de España.
Y quizá haya llegado el momento de plantearse seriamente el Campo de La Lastra. Si allí existe espacio suficiente y pueden habilitarse unas instalaciones dignas, seguras y sometidas a control, que se haga. Miles de personas repartidas por asentamientos improvisados no parecen la mejor solución ni para Ceuta ni para quienes viven dentro de ellos. Quien tenga derecho a salir, que salga; quien tenga derecho a regresar, que regrese andando y pasando los controles correspondientes. Y si por seguridad es necesario restringir el acceso de vehículos particulares, que se estudie y se aplique con todas las garantías legales.
Las organizaciones que quieran prestar asistencia podrán hacerlo en las condiciones que establezca la Administración, pero la política migratoria y la seguridad de Ceuta no pueden quedar condicionadas por los intereses de ninguna entidad privada. Además, cuando existe dinero público destinado a programas relacionados con inmigración, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a exigir transparencia: cuánto dinero se entrega, a quién, para qué y con qué resultados. Ni cheques en blanco ni zonas al margen del control público.
Porque después de lo ocurrido con estas menores ya no vale esperar al siguiente susto. El Estado tiene que recuperar el control de la situación, proteger a los ceutíes y proteger también a los migrantes que están siendo víctimas de delincuentes. Humanidad no significa permisividad, y acoger a quien legalmente corresponda tampoco significa tolerar que alguien convierta Ceuta en un territorio donde crea que puede hacer lo que le dé la gana.