Hay algo profundamente hipócrita en el espectáculo de las ONG cuando llega una crisis migratoria: España es siempre el malo de la película. El Gobierno español es señalado, las instituciones son acusadas, se exige dinero, medios, recursos y derechos para quienes llegan, pero de Marruecos, curiosamente, se le escucha mucho menos. Y eso resulta llamativo cuando hablamos de un país que utiliza desde hace años la presión migratoria como una herramienta política frente a España. ¿Dónde están las pancartas, las ruedas de prensa y las grandes campañas internacionales contra quienes permiten que miles de personas se jueguen la vida intentando cruzar una frontera?
Hay algo profundamente hipócrita en el espectáculo de las ONG cuando llega una crisis migratoria: España es siempre el malo de la película. El Gobierno español es señalado, las instituciones son acusadas, se exige dinero, medios, recursos y derechos para quienes llegan, pero de Marruecos, curiosamente, se le escucha mucho menos. Y eso resulta llamativo cuando hablamos de un país que utiliza desde hace años la presión migratoria como una herramienta política frente a España. ¿Dónde están las pancartas, las ruedas de prensa y las grandes campañas internacionales contra quienes permiten que miles de personas se jueguen la vida intentando cruzar una frontera?
Y aquí aparece otra cuestión incómoda: muchas de estas organizaciones reciben dinero público, directa o indirectamente, para desarrollar su labor. Es decir, buena parte de su actividad depende precisamente de las administraciones a las que después convierten en el enemigo habitual. Criticar al Gobierno es legítimo, por supuesto; faltaría más. Lo que cuesta entender es esa doble vara de medir: exigencia máxima a España y silencio selectivo cuando toca señalar a quienes provocan, permiten o instrumentalizan buena parte del problema.
Porque también conviene preguntarse si hemos construido alrededor de la inmigración irregular todo un ecosistema que vive de la tragedia. Cuanto mayor es el problema, mayores son las necesidades, las subvenciones, los programas, los contratos y los puestos de trabajo. Eso no significa que todas las ONG sean iguales ni que todas actúen de mala fe, pero sí obliga a exigir transparencia absoluta: cuánto dinero reciben, de dónde procede, en qué se gasta y qué resultados consiguen. La solidaridad no debería convertirse jamás en una industria alrededor de la miseria ajena.
Mientras tanto, quienes realmente pagan las consecuencias son los propios migrantes, que siguen arriesgando la vida, y las ciudades fronterizas como Ceuta, que soportan una presión extraordinaria. Y Marruecos sigue teniendo una responsabilidad que demasiadas veces desaparece del discurso. Si de verdad queremos acabar con estas tragedias, habrá que empezar por mirar también hacia el otro lado de la frontera y exigir responsabilidades allí donde correspondan.
Porque una cosa es defender al que sufre y otra muy distinta convertir el sufrimiento en un modo de vida. Y si alguien pretende vivir políticamente, económicamente o profesionalmente de una tragedia, al menos debería tener la decencia de no señalar siempre al mismo culpable. España puede equivocarse y debe responder cuando lo haga. Pero convertirla sistemáticamente en el único responsable mientras se pasa de puntillas por quienes alimentan el problema no es solidaridad: es, como mínimo, una enorme contradicción.