Cuando se habla de la frontera sur, a menudo se mira solo hacia Ceuta y se olvida lo que ocurre al otro lado. Sin embargo, la reciente detención de tres miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes por su implicación en el pase de inmigrantes vuelve a poner el foco donde duele: en las propias instituciones de Marruecos. No es un episodio aislado, sino una grieta más en un sistema que presume de control mientras deja escapar responsabilidades.
La posible conversión del 112 en una entidad independiente vuelve a poner sobre la mesa un debate que nunca termina de cerrarse: cómo se gestiona lo público y, sobre todo, en qué condiciones trabajan quienes lo sostienen día a día. No es solo una cuestión administrativa o de organigrama; es una decisión que afecta directamente a la calidad del servicio que recibe la ciudadanía en momentos críticos.
Hay decisiones políticas que, más allá de lo legal, necesitan una explicación clara y honesta. Y este es uno de esos casos. Muchos ciudadanos de Ceuta siguen esperando que Juan Vivas dé la cara y explique por qué se votó declarar persona non grata a Santiago Abascal. No hablamos de un gesto menor ni simbólico sin consecuencias: es una medida que genera división y que, sin contexto, suena más a impulso que a reflexión.
Ceuta suma ya 16 cadáveres de migrantes en 2026, y lo peor es que nadie puede decir que le pille por sorpresa. Esto no es un accidente ni una fatalidad inevitable: es la consecuencia directa de decisiones políticas irresponsables a un lado y permisividad interesada al otro.
Ceuta necesita vivienda. Eso no admite discusión. La petición de la Ciudad en Madrid para elevar los fondos del Plan Estatal de Vivienda hasta un impacto estimado de 70 millones de euros en cinco años puede ser una buena noticia si sirve para desbloquear suelo, construir alquiler público y dar respuesta a jóvenes, mayores y familias que hoy no pueden acceder a una casa digna. La propia Ciudad defiende que esa financiación permitiría continuar el Plan de Vivienda 2025-2028 y alcanzar hasta 1.000 viviendas de alquiler entre la Ciudad y el Estado.
