El escándalo en torno a Servilimpce no es solo una polémica más de gestión política; es la sensación cada vez más extendida de que el dinero público se maneja sin consecuencias. Gastar 15.000 euros en traer a un gerente profesional para, apenas quince meses después, apartarlo una vez cumplida la negociación del convenio con los sindicatos, deja demasiadas preguntas en el aire y muy pocas respuestas convincentes.