Hay noticias que, por mucho que uno las lea dos veces, siguen costando creer. La última es que Pedro Sánchez mantiene al frente de la Guardia Civil a una directora general imputada por presuntos delitos relacionados con sus propios subordinados. Y no, aquí ya no vale aquello de hablar de presunción de inocencia para justificar cualquier decisión política. La Justicia hará su trabajo, pero la responsabilidad política debería ir por otro camino.