La denuncia de JUPOL sobre el envío de policías nacionales “gratis” a la Operación Paso del Estrecho vuelve a poner sobre la mesa el enorme desgaste que existe entre el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad. La sensación de abandono dentro de muchos cuerpos policiales ya no se disimula y el nombre de Fernando Grande-Marlaska se ha convertido, para muchos agentes, en símbolo de esa desconexión.
La estrategia de victimizarse porque se es “la esposa de” ya empieza a cansar a buena parte de la ciudadanía. En un Estado de derecho no se investiga a nadie por compartir cama, apellido o fotografía oficial con el presidente del Gobierno. Se investiga, o se debería investigar, cuando existen denuncias, indicios o hechos que un juez considera necesario aclarar. Y eso vale para cualquiera: para un ciudadano anónimo, para un empresario y también para la esposa de un presidente.
La política española lleva tiempo caminando por una peligrosa frontera entre la justicia y el espectáculo. El llamado “Caso Aldama” vuelve a situar esa línea en el centro del debate, especialmente cuando las filtraciones, las amenazas veladas y los posibles pactos judiciales empiezan a ocupar más espacio que los hechos probados.
La lucha contra el fraude fiscal es necesaria, pero empieza a resultar difícil explicar por qué el foco parece dirigirse con tanta intensidad hacia quien saca dinero del cajero mientras las grandes fortunas continúan moviendo capitales mediante estructuras mucho más complejas y sofisticadas.
La economía española vuelve a demostrar que, por mucho que presumamos de recuperación, seguimos viviendo pendientes de lo que ocurra a miles de kilómetros. Basta con que suba la tensión en Irán para que tiemble el precio de la energía, se recalculen las previsiones de crecimiento y vuelva a encarecerse la vida cotidiana. La geopolítica ya no se estudia solo en las facultades; se siente en el supermercado y en la gasolinera.
