El dictamen del Abogado General de la Unión Europea no deja lugar a dudas: la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont por parte del Parlamento Europeo fue perfectamente legítima. Una decisión que viene a recordarnos lo evidente: quien huye de la justicia no puede pretender esconderse tras privilegios políticos ni ampararse en una inmunidad que no está pensada para blindar a prófugos, sino para garantizar la independencia del ejercicio parlamentario.
Es difícil no levantar una ceja al leer la noticia: el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no estará este viernes en el acto de apertura del Año Judicial. La decisión no parece casualidad ni un gesto vacío, sino un mensaje claro y contundente en un momento en el que la figura del fiscal general del Estado se encuentra bajo la sombra de un procesamiento. ¿Cómo se puede pedir respeto institucional cuando al frente de una de las más altas magistraturas judiciales está alguien que no puede ofrecer la mínima ejemplaridad que se le presupone al cargo?
El reciente aumento de VOX en las encuestas puede interpretarse como un síntoma del descontento de una parte de la población española -cada vez más grande- con la gestión política actual. Sus propuestas, a menudo contundentes y directas, resuenan en un electorado frustrado por la situación económica, el aumento de la presión fiscal y la percepción de que las políticas sociales no benefician de manera equitativa a los ciudadanos.
Lo que ha ocurrido en Bruselas es de esos episodios que rozan lo grotesco. Salvador Illa, ahora presidente de la Generalitat, se sienta con Carles Puigdemont en lo que llaman pomposamente la “embajada” de Cataluña en la capital europea. Embajada, dicen… como si un territorio que forma parte de España pudiera tener delegaciones diplomáticas al margen del Estado. El simbolismo es tan evidente como descarado: se trata de darle aire político al fugado, de devolverle la respetabilidad que perdió al ponerse de espaldas a la legalidad.
La asociación Transparencia Internacional ha puesto el dedo en la llaga: ¿por qué Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tiene una cuenta de correo electrónico institucional de Moncloa si no forma parte del personal contratado ni tiene un cargo público? La pregunta no es capciosa ni malintencionada; es lógica y legítima. En un Estado democrático, el uso de recursos públicos debe estar justificado, y más aún cuando hablamos del entorno más cercano al jefe del Ejecutivo.
