La decisión de la magistrada María Tardón de abrir diligencias previas en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes en Ceuta es, ante todo, una bocanada de aire fresco en medio de un pantano político que se está volviendo irrespirable. Mientras el Gobierno negocia con Bruselas, se enfrenta con el PP y trata de salvar los muebles ante la opinión pública, la jueza ha hecho lo que debía hacer: su trabajo. Sin aspavientos, sin declaraciones rimbombantes, sin mirar a quién pueda molestar. Ha abierto una investigación para determinar si la llegada de decenas de miles de personas a la frontera sur de España fue un fenómeno espontáneo o, como sospechan muchos, una operación orquestada.
