La derecha española ha conseguido construir un relato en el que Ceuta aparece principalmente como una ciudad abandonada a su suerte por el Gobierno central, y en el que la inmigración se presenta como una amenaza indiscriminada a la seguridad, la salud y la identidad nacional.
El Gobierno central ultima en estos días un paquete de ayudas para Ceuta que, sumado, representa una de las mayores inyecciones de fondos que ha recibido la ciudad en los últimos años. El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un fondo de 25 millones de euros destinado a la atención de menores, que servirá entre otras cosas para financiar el traslado de varios cientos de ellos a la Península.
En las últimas semanas, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha recibido una lluvia de críticas por su gestión de los retornos derivados de la última crisis migratoria. Se le reprocha lentitud, se le acusa de blandura, se pide que actúe con mayor contundencia. El Gobierno central ha insistido, por boca de varios de sus ministros, en que la actuación se rige por el cumplimiento riguroso de la ley de extranjería, respetando los procedimientos previstos para cada persona, incluidos los menores y quienes solicitan protección internacional. Esa insistencia en la legalidad, lejos de ser reconocida como una garantía, se ha convertido en munición contra la propia Delegación.
Hijo mío:
Hoy comienza para ti una de las etapas más importantes y exigentes de tu vida.
Ceuta atraviesa desde el pasado mes de julio una crisis migratoria de una intensidad que la ciudad no recordaba en años. La llegada masiva e irregular de personas procedentes de Marruecos, con episodios trágicos en el mar que han costado vidas humanas, ha desbordado la capacidad de acogida de la ciudad autónoma y ha puesto en primer plano, una vez más, la fragilidad de una frontera que Ceuta comparte en solitario con un país presuntamente vecino cuyas decisiones no siempre resultan comprensibles desde este lado de la valla.
