Lo que acaba de pactar Pedro Sánchez con Junts es, sencillamente, un atropello. Obligar a las empresas con más de 250 empleados a atender en catalán desde cualquier punto de España no es más que otro peaje político para mantener vivo un Gobierno que ya solo sobrevive a base de concesiones. Se trata de una medida arbitraria, injusta y que, lejos de defender la pluralidad lingüística, la convierte en un arma para contentar a los independentistas.
Después de muchos años de lucha, por fin los bomberos forestales han conseguido un reconocimiento que va más allá del sueldo o de las condiciones laborales: la posibilidad de jubilarse a los 60 años gracias a la aprobación de los coeficientes reductores. No se trata de un privilegio, sino de una medida de justicia para quienes han dedicado su vida a un trabajo duro, arriesgado y fundamental para la protección de nuestro entorno.
Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que está más pendiente de posar en la foto y lanzar frases huecas que de proteger lo verdaderamente importante: la seguridad. Admirar a un pueblo que se moviliza por una causa justa puede sonar bien en un mitin, pero lo ocurrido durante la Vuelta a España no tiene nada de admirable. Los ciclistas se han jugado la vida en plena carretera mientras cientos de manifestantes irrumpían en un evento deportivo internacional, poniendo en riesgo no solo a los corredores, sino también a la organización, al público y al prestigio de nuestro país.
Junts vuelve a levantar la voz, y lo hace con la chulería de quien se sabe imprescindible para sostener a un Gobierno que vive de prestado. El aviso de que “pasarán cosas” si el PSOE no alinea discursos en Cataluña, Madrid y Suiza es, en realidad, una amenaza en toda regla. Otra más del prófugo Carles Puigdemont, que desde Bruselas sigue manejando los hilos con la impunidad de quien nunca ha rendido cuentas a la Justicia. Y lo peor es que lo hace porque sabe que puede: Pedro Sánchez le ha entregado la llave de la legislatura a cambio de seguir durmiendo en la Moncloa.
El Papa León XIV ha lanzado un mensaje claro y contundente a los nuevos obispos: no se puede mirar hacia otro lado ante los comportamientos inapropiados de los sacerdotes. En un tiempo en el que la Iglesia atraviesa enormes desafíos de credibilidad, esta llamada a la acción inmediata resulta no solo necesaria, sino también esperanzadora. Se trata de un recordatorio firme de que la autoridad pastoral debe ejercerse con valentía y con la transparencia que los fieles merecen.
