Veintiocho días después de la entrada masiva de personas en Ceuta, el Gobierno sigue sin ofrecer lo que la ciudad reclama con mayor insistencia: certezas, planificación y plazos. A estas alturas, nadie discute que cualquier actuación debe hacerse conforme a la ley ni que es necesario identificar, filiar y tramitar individualmente cada caso. Eso es evidente. Lo que resulta inaceptable es que, después de casi un mes, el Ejecutivo siga limitándose a anunciar reuniones, mecanismos de coordinación y buenas intenciones sin explicar cuándo comenzará el retorno, con qué procedimiento se hará y cuánto tiempo piensa mantener a miles de personas en una ciudad que no tiene capacidad para soportar una situación de esta magnitud.