Durante demasiado tiempo se ha instalado la sensación de que en Ceuta las sentencias son poco más que una molestia administrativa cuando afectan al poder. Si un juez tumba un nombramiento, se busca otro camino. Si una resolución dice que no, se intenta rodearla. Y si el resultado no convence, se vuelve a empezar. Lo preocupante no es solo que los tribunales hayan tenido que intervenir una y otra vez, sino que la impresión que queda es que el Gobierno de Juan Vivas ha convertido el cumplimiento de la legalidad en algo negociable cuando estorba a sus intereses.