El Gobierno ha declarado sentirse en “indefensión” después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general. Hombre, lo que faltaba: ahora resulta que los desamparados son ellos. Hay que tener una cara tremenda para presentarse así ante la opinión pública, como si fueran víctimas de una maquinaria injusta.
La condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la filtración sobre el novio de Ayuso no puede sorprender a nadie que se fije bien en su actitud. Le han inhabilitado dos años, le han puesto una multa de 7.200 euros, y debe indemnizar con 10.000 euros al perjudicado.
Si uno observa la política española, no hace falta ser un detective para notar un patrón preocupante: la corrupción parece estar más que instalada. Da igual el partido, la región o el nivel de gobierno; el común denominador es siempre el mismo: promesas que suenan bonitas, pero que rara vez se cumplen, y contratos y favores que terminan en manos equivocadas. La sensación de que “así nos va” no es exagerada, sino una triste realidad cotidiana.
Hay que ver el culebrón que tenemos montado con el caso Cerdán. Sale de la cárcel y lo primero que hace es clamar que “la verdad se impondrá” y que la justicia le dará la razón. Suena bonito, desde luego, pero cuesta no arquear una ceja después de escuchar al Supremo recordar que la investigación de la UCO ha reforzado los indicios en su contra. Vamos, que el panorama no pinta precisamente a complot de película.
Hay historias que uno lee dos veces porque no se cree la primera. Y esta, la del supuesto desfalco dentro del CNIO, el centro que debería ser símbolo de esperanza en la lucha contra el cáncer, es de esas que revuelven el estómago. No porque ya no sepamos que existe la corrupción, sino porque aquí hablamos de dinero destinado a ciencia, a pacientes, a futuro… y que, según una denuncia interna, acaba diluido en contratos dudosos, favores de despacho y chanchullos de manual.
