La noticia de que la Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE información sobre pagos en metálico entre 2017 y 2024 ha caído como un jarro de agua fría en un ambiente político ya enrarecido. No es poca cosa que un tribunal tan relevante quiera poner orden y pedir papeles: el gesto, por sí solo, revela inquietud institucional y alimenta la impresión de que algo no se está gestionando con toda la claridad debida.
La dimisión de García Ortiz ha caído como un jarro de agua fría para muchos, incluida Yolanda Díaz, que lo ha descrito como “un hombre bueno”. Hasta ahí, nada que objetar: cada quien es libre de valorar el trabajo de un fiscal general. Lo polémico llega cuando la vicepresidenta segunda llama a movilizarse en las calles por su condena, presentándola como una ofensiva reaccionaria contra la democracia.
No deja de sorprender la facilidad con la que el Gobierno parece mover las piezas cuando una sentencia no le encaja. Que Pedro Sánchez dé por hecho que hay “aspectos controvertidos” en la resolución contra el fiscal general y que, por tanto, “tendrán que dirimirse en instancias superiores”, suena menos a análisis jurídico y más a aviso de que la maquinaria ya está en marcha.
El último movimiento de José Luis Ábalos, ahora investigado por el Tribunal Supremo en el llamado “caso Koldo”, ha hecho temblar otra vez los pasillos políticos. Su escrito al Congreso denunciando supuestos amaños de contratos y cobro irregular de dietas en el Puerto de Valencia, y exigiendo explicaciones al Ministerio de Óscar Puente, ha sido como encender una cerilla en una habitación llena de gas. Y es que en este país ya nadie espera silencios elegantes: aquí se responde con un portazo.
Hay momentos en los que un partido debe mirarse al espejo y reconocer que la energía que lo empuja hacia delante ya no es la misma que la que lo mantiene anclado. El PP lleva tiempo atrapado en esa contradicción, tratando de proyectar renovación mientras deja las riendas en manos de un liderazgo que, guste o no, no termina de conectar con el pulso ciudadano. Feijóo es un político solvente, sí, pero a veces la solvencia no basta cuando el país pide algo distinto.
