Si la documentación que obra en poder de quienes conocen este asunto se corresponde con la realidad de los hechos, lo sucedido con la contratación de los seguros de la flota y de otros servicios en esta empresa pública sería de una gravedad extraordinaria. No ya solo por la utilización de un contrato de naturaleza privada, sino por la aparente ausencia de transparencia, publicidad, igualdad de trato y posibilidad real de concurrencia para otras empresas de la ciudad.
A la vista de lo que ocurre a nivel nacional con el caso Koldo y con las causas que afectan a José Luis Ábalos, mientras continúan otras investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones y obra pública vinculadas al entorno del caso, conviene extremar la prudencia con los hechos y la firmeza con los controles. El juicio oral por el llamado caso mascarillas contra Ábalos y Koldo está señalado a partir del 7 de abril de 2026, mientras siguen abiertas otras líneas sobre contratos y obras.
En la empresa municipal Servilimpce parece haberse instalado una situación tan absurda como preocupante: nadie sabe realmente quién manda ni qué funciones tiene cada cual. Las categorías profesionales se diluyen, los puestos se mezclan y las decisiones se toman en una especie de limbo administrativo donde todo el mundo trabaja… pero pocos saben exactamente bajo qué criterios o responsabilidades. Cuando una empresa pública llega a este punto, el problema deja de ser interno y pasa a ser una cuestión de gestión pública.
Hay épocas que, con el paso del tiempo, se recuerdan no solo por la política o las obras, sino por sensaciones muy concretas de la vida cotidiana. En Ceuta, muchos vecinos recuerdan los años de Luis Vicente Moro como una etapa en la que, más allá de polémicas o estilos de gobierno, la ciudad transmitía una sensación clara de seguridad en las calles.
Hay decisiones judiciales que, aunque puedan estar amparadas por la ley, resultan difíciles de explicar a la sociedad. La reciente negativa del juzgado a aceptar las protestas de la defensa de la familia de Mohamed Alí, el joven secuestrado y asesinado en enero de 2022, ha vuelto a abrir una herida que para su madre nunca ha dejado de sangrar. Saber que una de las personas condenadas por aquellos hechos puede empezar a disfrutar de permisos penitenciarios es algo que, para muchos, cuesta asumir.
