Pedro Sánchez ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el mercado de la vivienda está fuera de control. Y no le falta razón: mientras proliferan apartamentos turísticos como setas tras la lluvia, encontrar un hogar digno y asequible se ha vuelto misión imposible para miles de ciudadanos. En ciudades y barrios que antes eran el corazón de la vida local, ahora todo huele a maletas de paso y a turistas con horarios efímeros.
Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. En su afán por mantenerse en el poder a cualquier precio, no ha dudado en sacrificar a un oficial de la Guardia Civil cuya única "culpa" fue investigar los entresijos del 'procés'. Este movimiento no es casualidad ni una decisión administrativa.
Nicolás Maduro ha vuelto a jurar un cargo que nunca ganó de manera legítima, consolidando lo que muchos ya califican como un golpe de Estado en Venezuela. Lo que debería ser un acto solemne de legitimidad democrática, se convierte en un espectáculo que desnuda la realidad de un régimen que desprecia el voto y perpetúa la miseria de un pueblo que sufre. Una vez más, Venezuela, un país rico en recursos y en historia, se hunde en la vergüenza de una dictadura que pretende disfrazarse de democracia.
Pedro Sánchez, en su afán por mantener el poder a toda costa, parece dispuesto a todo, incluso a modificar las leyes para evitar que las investigaciones por corrupción a su familia sigan su curso. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno de España se atreva a tomar este tipo de decisiones sin que haya una presión real sobre él? ¿No se supone que en una democracia las leyes deben ser iguales para todos, sin importar el cargo que se ocupe o el apellido con el que se cuente? No es solo una cuestión moral, sino también una cuestión de principios fundamentales que deberían regir nuestro sistema político.
Cuando alguien ocupa un cargo público se espera que su conducta esté a la altura de las exigencias éticas y legales que conlleva representar a los ciudadanos. Íñigo Errejón, líder de Más País, parece haber olvidado esto al pedir aplazar su declaración por un presunto delito de agresión sexual.
