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Carles Puigdemont, un fugado de la justicia española que disfruta de su autoexilio en Waterloo, vuelve a dar lecciones de dignidad desde su pedestal europeo. Ahora resulta que no quiere negociar los Presupuestos con el PSOE y pretende hacerlo desde Suiza, como si el lugar fuese a darle más legitimidad. Es insólito que alguien que huyó de la justicia española, dejando atrás un reguero de ilegalidades, se atreva a plantear exigencias al Gobierno de España. ¿Quién es Puigdemont para marcar las reglas de juego? Un prófugo no debería tener voz en el presente ni el futuro de nuestro país, pero aquí está, jugando al ajedrez con el tablero de la democracia española.

El reciente movimiento del Tribunal Constitucional, apartando al magistrado César Tolosa de la deliberación sobre la ley de amnistía a petición del fiscal general del Estado, es un síntoma más de la deriva que está tomando nuestra democracia. Aunque el argumento jurídico para apartarlo se sustenta en su vínculo con el Partido Popular, la decisión no deja de levantar suspicacias. ¿Realmente se busca garantizar la imparcialidad o simplemente despejar el camino para la aprobación de una ley que, en cualquier caso, parece diseñada para beneficiar a quienes vulneraron la ley en Cataluña?

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que la relación entre España y Marruecos atraviesa su mejor momento. Sin embargo, estas declaraciones, más que un reflejo de la realidad, parecen una venta ante los continuos desplantes del país vecino. Cada vez que Albares se sube a un atril, no faltan las palabras bonitas y las promesas de una cooperación ejemplar. Pero, ¿a quién quiere convencer? Desde este lado del Estrecho, la sensación es bien distinta.

Cuando Isabel Díaz Ayuso habla de un "Watergate" en su contra, no lo hace por capricho ni para ganar titulares. Lo hace porque cada día parece más evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza los recursos del Estado como arma política. Esto, en cualquier democracia que se precie, no solo es preocupante, es directamente inaceptable. Y no, no se trata de defender a Ayuso porque sí, sino de levantar la voz ante un abuso de poder que debería alarmarnos a todos, independientemente de nuestras siglas políticas.